La Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó el proyecto de ley que establece el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, que viene a reemplazar la histórica Ley N° 6.233 y representa un verdadero cambio de paradigma en la manera de concebir, conservar y mejorar los caminos rurales.

El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo provincial, a pedido de los Consorcios Camineros y las entidades agropecuarias de la provincia. El objetivo es conservar, proteger y mejorar los caminos rurales, a través de una articulación público-privada con foco en potenciar el desarrollo del interior provincial.

Con la incorporación de la nueva ley, se busca elaborar proyectos de obras para conservar y mejorar los caminos rurales no pavimentados, desarrollar planes estratégicos de gestión de recursos para optimizar obras e incentivar la inversión.

El texto contempla que el Ministerio de Bioagroindustria es la autoridad de aplicación de la ley. Además, la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único integran el sistema de gestión.

El financiamiento del nuevo esquema es a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural. También comprende ingresos por obras realizadas, aportes, subsidios, donaciones, recursos extraordinarios y las multas por daños en los caminos, que se destinarán al FDA. Específicamente, se aplicará el modelo que ya se viene desarrollando con el Consorcio Caminero Único y el Fondo de Desarrollo Agropecuario.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó la aprobación de la nueva ley y el trabajo de la Provincia junto al sector agroindustrial: “Trabajamos más de un año en este proyecto de reforma con la Mesa de Enlace, los consorcios, los legisladores del oficialismo y la oposición y técnicos. Generamos una propuesta consensuada, porque los Consorcios trascienden a cualquier gobierno. Lo más importante es tener buenos caminos y una política pública construida con diálogo, respeto y visión de futuro”. En ese sentido, destacó que la ley pone al camino rural en el centro de la política pública y reconoce el rol estratégico para el desarrollo agropecuario, industrial, turístico y social.