El Código de Tránsito establece que, al secuestro de motos que posean un caño de escape no reglamentario, deberá sucederle la remoción y destrucción del dispositivo. El intendente Martín Gill estuvo presente en  la primera destrucción de más de 30 caños de escape, que tuvo lugar en las inmediaciones del Polideportivo Guillermo Evans, en un acto simbólico, donde remarcó que “es la medida más reparatoria que existe y por eso intentamos transformarla en política de Estado”.

Tiempo atrás se impulsó la modificación de la ordenanza N° 7.376, a fin de poner en marcha el secuestro y destrucción del caño de escape no reglamentario; para reducir la generación de ruidos que incrementa significativamente la contaminación sonora. A partir de tales estrategias, el mandatario local aseguró que “en lo que va del presente año se han secuestrado 30 caños de escape, los cuales pasan a destrucción bajo esta nueva modalidad”.

De esta manera, el propietario del rodado deberá abonar la  multa y presentar la documentación correspondiente, y luego “por disposición facultativa de los jueces de faltas, se procederá a la extracción y posterior destrucción del dispositivo no reglamentario, a fin de evitar un problema para los vecinos”, detalló el intendente.

Destrucción de rodados no reclamados

Por otra parte, el titular del Ejecutivo municipal informó que “de las 1.500 motos secuestradas desde hace más de cuatro años, ya se cuenta con el informe de dominio de 300 unidades”, correspondientes a rodados que no fueron reclamados o la documentación presentada es insuficiente para retirarlo.

A partir de esto, el mandatario local expresó la decisión de llevar a cabo “la destrucción total de estas 300 motos para su compactación y utilización como insumo en la producción del metal”. De esta manera se contribuye al cuidado del medio ambiente a través de la reutilización de los materiales, como también al aprovechamiento de los espacios en los depósitos donde se resguardan los vehículos secuestrados.

Estuvieron presentes en el acontecimiento junto al intendente, el secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, Eduardo Rodríguez, el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Omar Regueira, junto a los jueces de Faltas, Julio Aliciardi, y Héctor Paschetta, quienes supervisaron el correcto desarrollo del procedimiento.