En el marco de la Junta de Gobernadores de la Región Centro, realizada en el Centro Cívico del Bicentenario, en Córdoba, quedó conformada la “Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad de la Región Centro”, focalizando su acción inicial en las localidades de San Francisco (Córdoba), Frontera y Josefina (Santa Fe) y los límites interprovinciales de Morteros y Marcos Juárez.

Dicha Comunidad tendrá como eje la cooperación institucional, coordinación estratégica y acción conjunta ante hechos de violencia urbana, delitos complejos, narcotráfico y situaciones de vulnerabilidad social en este conglomerado urbano.

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentra compartir recursos y tecnologías para la prevención del delito, promover la articulación operativa entre fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, garantizar mecanismos de intercambio de información judicial y policial, fomentar la participación de los poderes judiciales provinciales en el diagnóstico y abordaje del delito e impulsar programas conjuntos de prevención social de la violencia.

El ente estará formado por representantes del Poder Ejecutivo Municipal de San Francisco, Frontera y Josefina; del Poder Judicial de ambas provincias; de las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales; de organismos de política criminal y seguridad ciudadana; de los Ministerios Públicos Fiscales; y por áreas sociales de salud y educación para el abordaje integral de las causas estructurales de la violencia.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinterios, explicó que además se incluirán en este convenio las localidades de Morteros y Marcos Juárez, donde se han abierto fiscalías de lucha contra el narcotráfico y sedes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Las principales funciones de la “Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad de la Región Centro”, son:

Diagnóstico conjunto de problemáticas de seguridad.

Elaboración de mapas de conflictividad urbana y social.

Definición de estrategias operativas y preventivas conjuntas.

Promoción de capacitaciones comunes en prevención del delito.

Gestión conjunta de recursos para vigilancia, tecnología y comunicación.

Impulso de legislación armonizada sobre temas de interés regional.

Evaluación permanente de políticas públicas con indicadores comunes.

A través de esta iniciativa se busca reducir la violencia urbana y los delitos complejos, mejorar la eficacia operativa de las fuerzas de seguridad, fortalecer la confianza institucional, incentivar la participación ciudadana activa y el desarrollo de una cultura de seguridad democrática.